España afronta un desafío creciente en materia de protección de sus infraestructuras más sensibles ante fenómenos climáticos extremos. Según el informe titulado Infraestructuras críticas inundables en España, elaborado por el Observatorio de Sostenibilidad (OS) con datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se han identificado 2.673 infraestructuras críticas que se encuentran en situación de riesgo muy grave por inundación. De ese total, 56 % están vinculadas a poblaciones vulnerables.
El estudio detalla que el universo total de instalaciones ubicadas en superficies que podrían inundarse con una recurrencia estimada de 500 años asciende a 10.197 instalaciones, de las cuales un 71 % se encuentran en situación de peligrosidad “muy grave”, un 13 % en estado “grave” y un 16 % en un nivel “leve”. (Cataluña concentra aproximadamante el 37 % de los casos muy graves, y Galicia un 16 %).
Al desglosar por tipología, se observa que de las infraestructuras críticas frente a inundaciones:
- Un total de 1.994 instalaciones corresponden a poblaciones vulnerables: esto incluye 1.126 centros escolares, 420 residencias de ancianos, 232 centros de educación infantil, 189 campings, y 27 centros de educación especial.
- Otros 1.152 puntos se engloban bajo servicios básicos e industria: 455 centros industriales, 415 subestaciones de energía, 282 instalaciones de abastecimiento y redes de aguas.
- Se identifican también 534 instalaciones relacionadas con la seguridad ambiental: 375 estaciones depuradoras de aguas residuales, 82 instalaciones radiactivas, 77 instalaciones químicas afectadas por la directiva Seveso.
- En el ámbito de transporte y vialidad se contabilizan 262 infraestructuras: 155 infraestructuras viarias y centros de transporte, 90 estaciones de autobuses, 13 aeropuertos y 4 estaciones de ferrocarril.
El informe advierte que el riesgo no es únicamente cuantitativo sino también cualitativo: que más de 2.673 infraestructuras críticas se encuentren en estado de “muy grave” exige “trabajar más intensamente” en ciertos ámbitos con una prioridad clara: poblaciones vulnerables, seguridad del Estado, salud, seguridad ambiental, servicios básicos e industria, y transporte.
Entre sus recomendaciones clave, el Observatorio destaca la necesidad de establecer sistemas de alerta temprana con protocolos claros y de cumplimiento estricto; implementar una “etiqueta de riesgo” para infraestructuras y edificios; retranquear o alejar las zonas urbanizadas de las superficies de inundación; revisar los planes urbanísticos aprobados y paralizar nuevas construcciones en zonas de alto riesgo. Además, insiste en el desarrollo de infraestructuras adaptadas al nuevo escenario —como plantas potabilizadoras, redes de energía, hospitales y redes de telecomunicaciones—, y en medidas específicas para proteger a los sectores sociales más vulnerables.
La gravedad del escenario recalca cómo la combinación de cambio climático, deficiencias en planificación urbana y vulnerabilidad de las redes críticas puede generar impactos severos sobre la vida, la economía y el entorno ecológico. El informe señala que las inundaciones de gran magnitud “se han convertido en el mayor riesgo asociado al cambio climático en España”.
En conclusión, este informe aporta una fotografía detallada de cuántas infraestructuras clave del país están bajo amenaza de inundación severa, y plantea un llamado urgente a la acción tanto por parte de administraciones como de operadores de los servicios esenciales. La protección y resiliencia de estos sistemas no es únicamente un asunto técnico, sino un imperativo para garantizar la seguridad, el bienestar y la continuidad del servicio para la población.
